Ley 820: ¿por qué ley se rigen los contratos de alquiler?

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Ley 820: ¿por qué ley se rigen los contratos de alquiler?

Los contratos de alquiler en Colombia se rigen por la Ley 820 de 2003, que dispone el régimen general de arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda, la Ley 820 es la ley que rige los contratos de alquiler. Esta norma define el contrato de arrendamiento como el acuerdo mediante el cual el arrendador concede el uso de un inmueble a cambio de un precio determinado, garantizando derechos y obligaciones equilibrados para ambas partes.

Para su celebración, la Ley 820 exige el cumplimiento de los requisitos del artículo 29, reglamentados por el Decreto 51 de 2004, entre los cuales figuran la presentación de documentos que acrediten la existencia y representación legal del arrendador, así como el uso de los modelos de contrato oficiales.

Que elementos debe tener los contratos de alquiler según la ley 820:

Según el artículo 3º de la Ley 820 de 2003, la forma del contrato de arrendamiento para vivienda urbana, sea verbal o escrito, debe acordar al menos los siguientes elementos: a) nombre e identificación de las partes contratantes; b) descripción y ubicación precisas del inmueble objeto del contrato; c) delimitación de la porción del inmueble arrendada y de las zonas o servicios compartidos; d) valor del canon de arrendamiento y forma de pago; e) relación de servicios, usos conexos y adicionales; f) plazo de duración del contrato; y g) designación de la parte responsable del pago de los servicios públicos.

Adicionalmente, el Decreto 1077 de 2015 incorpora la modalidad de arrendamiento con opción de compra, estableciendo condiciones específicas y criterios de subsidio para facilitar el acceso a la vivienda, según las reglas de Fonvivienda.

En el ámbito de la contratación estatal, el artículo 2.5.5.4.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 1760 de 2019, impone requisitos de inhabilidades e incompatibilidades, como la verificación de antecedentes en procesos de extinción de dominio, para asegurar la integridad de los contratos de alquiler celebrados por entidades públicas.

Con base en esta estructura normativa, la Ley 820 de 2003 forma el pilar fundamental para la regulación de los contratos de alquiler en Colombia, complementada por decretos que precisan procedimientos, modalidades y controles en contextos privado y estatal.

 

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